México, D. F. a 2 de octubre de 200
MANIFIESTO DEL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPESIÓN
¡POR UN FRENTE NACIONAL, AMPLIO E INCLUYENTE CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS!
El Estado mexicano encabezado por el Poder Ejecutivo del ilegitimo Felipe Calderón pretende convertir en norma las condiciones de excepción, a partir de las cuales, los derechos humanos y las libertades democráticas son suspendidos. En la práctica está imponiendo un amplio proceso de militarización, control de fronteras, sobrevigilancia de la ciudadanía, detenciones ilegales y arbitrarias, uso sistemático de la tortura, desaparición forzada, hostigamiento y persecución a defensores de derechos humanos y luchadores sociales; cambios en los marcos jurídicos para criminalizar la protesta social e introducir el delito de terrorismo y otros derivados, que en la práctica puedan ser aplicados a un amplio rango de movimientos y organizaciones sociales.
La represión en nuestro país se ha venido incrementando de modo cada vez más alarmante. Los responsables de ejecutar esta política son el Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y algunos gobiernos municipales, tanto del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, así como organismos e instituciones cómplices. En mayo del año pasado, con el gobierno de Vicente Fox, en Atenco los cuerpos policíacos del Estado de México y de la PFP realizaron una salvaje represión con un saldo de dos muertos (Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortez Santiago), decenas de compañeras y compañeros encarcelados y torturados, mujeres violadas y muchas órdenes de aprehensión todavía vigentes, además de los que están bajo proceso en libertad bajo fianza. Después, en noviembre, la represión del detestado gobernador Ulises Ruiz Ortiz (URO), apoyado por el gobierno federal con las tropas de la PFP, se abatió sobre la movilización popular encabezada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Hasta el día de hoy el saldo de la represión en el estado sureño es de más de 27 muertos, un número desconocido de desaparecidos y centenas de presos políticos. En todos estos actos, siempre ha aparecido el odioso rasgo del trato particular que reciben las mujeres detenidas quienes son sometidas a violaciones e infames métodos de tortura y hostigamiento sexual.
Más recientemente, en mayo del presente año, en la misma ciudad de Oaxaca fueron arrestados y desde entonces permanecen desaparecidos dos militantes del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y a finales del mes de septiembre del presente año el compañero Francisco Paredes miembro fundador del FNCR fue desaparecido en Morelia, Michoacán.
El estado Chiapas, en las zonas donde funcionan las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, han experimentado una ofensiva brutal que combina la acción del ejército y los grupos paramilitares encaminada a desmantelar los municipios autónomos y a desarticular el tejido y la resistencia de las comunidades zapatistas. En este marco y como consecuencia de la imposición del Plan Puebla Panamá, se han dado los desalojos de bases zapatistas en Montes Azules. Mientras que en el resto del estado la acción del Gobierno estatal en contra de las organizaciones sociales se ha recrudecido y traducido en mayor represión y encarcelamiento.
La actual política represiva del panista Felipe Calderón se estrenó sacando al ejército de los cuarteles para "combatir el narcotráfico", pretexto que apenas esconde su verdadero objetivo: una peligrosa escalada de militarización para controlar y reprimir a las protestas populares y en general intimidar a la población. Los casos que prueban esto se acumulan en los estados en que los militares actúan impunemente: la violación y homicidio de Ernestina Ascensio, mujer indígena y anciana, en Zongolica, Veracruz, el asesinato de cinco miembros de una familia en Sinaloa, la violación de menores en Carácuaro, Michoacán, el caso de la violaciones multitudinarias que sufrieron las sexoservidoras de Castaños, Coahuila, y la amenaza de mayor represión que pende sobre las comunidades de la región de La Parota en su lucha contra el proyecto de la construcción de una presa en su territorio. Mientras que las reformas a la ley del ISSSTE, la reforma Fiscal, la propuesta de reforma Judicial y la posible aprobación de las “reformas estructurales” violentan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, laborales, culturales y ambientales.
Este despliegue represivo se da al mismo tiempo que las autoridades federales y legisladores del PRI y el PAN han realizado reformas de carácter represivo al Código Penal con el argumento de la lucha contra el terrorismo, homologándolo con el Patriot Act de Estados Unidos y pretenden, además, una reforma judicial que abiertamente criminalice la protesta social. Las condiciones carcelarias en las que “sobreviven” los presos políticos también se han recrudecido hasta niveles terribles como lo muestra el aislamiento, el traslado a lugares lejanos donde fueron aprehendidos, las dificultades para las visitas de abogados, familiares o cónyuges, el impedirles contar con lecturas o tratos inhumanos y humillantes, mezclándolos con narcotraficantes, asesinos, violadores o secuestradores en penales estatales y de máxima seguridad.
Los trabajadores son víctimas de la represión cuando emprenden sus movimientos por mejores condiciones de vida y defienden sus derechos, en especial el de huelga y sus contratos colectivos. Las juntas de Conciliación y Arbitraje confirman su carácter de instrumento de los patrones para declarar inexistente la huelga de mineros, reducir los salarios y mutilar el contrato de las sobrecargos de aviación y avalar el despido de miles de trabajadores por el único delito de exigir sus derechos. Frecuentemente las agresiones a los derechos laborales se realizan con la complicidad de direcciones sindicales, como se comprueba en el caso de los 700 trabajadores sancionados en el IMSS. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, los trabajadores de SICARTSA en huelga fueron agredidos en abril del año pasado por las policías federal y estatal, con un saldo de dos obreros muertos. Igualmente son sometidos a condiciones de trabajo criminales que han ocasionado tragedias como la de Pasta de Conchos, Coahuila y adicionalmente la burla al dolor de sus viudas. Las luchas de los mineros y de otros gremios son objeto actualmente de medidas que atentan contra sus justas demandas, como se comprueba también en la resistencia a medidas regresivas atentatorias contra derechos históricos de los trabajadores como la reforma al ISSSTE.
Las autoridades, desde el nefasto Peña Nieto hasta los encargados de la política interior nacional, como el actual Secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, tristemente famoso por la represión al movimiento altermundista que ordenó cuando era gobernador de Jalisco en 2003, son sordas ante una opinión pública nacional e internacional que se ha pronunciado enérgicamente contra esas medidas.
El movimiento estudiantil históricamente ha sido reprimido por el estado, como ejemplos más emblemáticos tenemos los casos de 1968 y 1971 que siguen impunes, la represión a la huelga de la UNAM en 1999 y la represión al IPN en 2006 y 2007.
Además del alarmante número de periodistas asesinados, destaca también el hecho de que la represión incluye ahora a defensores de derechos humanos como, entre otros casos, lo muestra el reciente asesinato de Ricardo Murillo Monge en Sinaloa.
Cada vez somos más quienes estamos conscientes de que sólo con la organización de un gran movimiento nacional que incluya a todos los que nos oponemos a esta política será posible poner un alto a la represión de Felipe Calderón, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Como en otros momentos históricos, en especial en los años setentas cuando la lucha de las fuerzas democráticas e independientes contra la “guerra sucia” de esos años cristalizó en el surgimiento del Frente Nacional contra la Represión, en la actualidad, de nuevo, se hace urgente la organización de todos aquellos que nos oponemos a la persecución y a un nuevo baño de sangre por parte de los aparatos represivos del Estado. En el FNCR no existe ningún compromiso con ningún partido u órgano de gobierno por lo que lucha en contra de cualquier represión ejecutada por cualquiera de ellos.
Es por ello que hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales, políticas, sindicales, civiles, a las redes y organismos de derechos humanos y a las y los ciudadanos de México y el mundo, para construir un FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, de carácter amplio e incluyente, abierto a todos los comprometidos con esta causa sin restricción alguna, que se proponga luchar por:
Ø LA LIBERTAD DE TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
Ø LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODAS Y TODOS LOS DESAPARECIDOS
Ø CANCELAR LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y LA PERSECUCIÓN DE LAS Y LOS LUCHADORES SOCIALES
Ø ABOLIR LA TORTURA, LAS AGRESIONES SEXUALES Y VIOLACIONES DE MUJERES DETENIDAS.
Ø DETENER LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA DE LAS Y LOS MIGRANTES TANTO EN MÈXICO, EN ESTADOS UNIDOS y AMÉRICA LATINA. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES, SINDICALES Y HUMANOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS.
Ø FRENAR LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS
Ø PONER UN ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
Ø CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA REPRESIÓN Y LOS CRÍMENES CONTRA EL PUEBLO (VICENTE FOX, FELIPE CALDERON, LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ, CARLOS ABASCAL, FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA, EDUARDO MEDINA MORA, WILFRIDO ROBLEDO, ARDELIO VARGAS, ENRIQUE PEÑA NIETO, ULISES RUÍZ, CARDENAS BATEL, ZEFERINO TORRE BLANCA, JUAN SABINES, MARCELO EBRARD, MANUEL MRENO RIVA, ARISTEO LÓPEZ MARTÍNEZ, LIZBETH CAÑA CABEZA, MANUEL VERA SALINAS, LINO CELAYA LURIA, SERGIO SEGRESTE, JORGE FRANCO VARGAS, ELIODORO DÍAZ EZCARRAGA, ALEJANDRO BARRITA, DANIEL CAMERENA, NAZARIO GUTIERREZ, ENTRE OTROS).
A todas y todos les proponemos emprender juntos una campaña nacional e internacional de denuncia y movilización, amplia, diversa y creativa alrededor de los ejes anteriores, con el objeto de visibilizar el problema e incorporar a esta lucha a los sectores más amplios de la población.
Desde el 28 de agosto pasado, aniversario 29 de la histórica huelga de hambre de las madres de los desaparecidos, hemos trabajado unitariamente para llegar a constituir formalmente este 2 de octubre el Frente Nacional Contra la Represión. Es un primer paso que damos para reproducir en todo el país Comités Estatales de este Frente, respetando las formas propias de organización en cada entidad para luchar por estas demandas, al mismo tiempo que iniciamos de inmediato la lucha y movilización contra la represión y defensa de los derechos humanos actualmente en riesgo por las políticas impuestas desde el poder. Llamamos a la unidad frentista a todos y todas las personas y organizaciones comprometidas con estos objetivos.
El Estado mexicano encabezado por el Poder Ejecutivo del ilegitimo Felipe Calderón pretende convertir en norma las condiciones de excepción, a partir de las cuales, los derechos humanos y las libertades democráticas son suspendidos. En la práctica está imponiendo un amplio proceso de militarización, control de fronteras, sobrevigilancia de la ciudadanía, detenciones ilegales y arbitrarias, uso sistemático de la tortura, desaparición forzada, hostigamiento y persecución a defensores de derechos humanos y luchadores sociales; cambios en los marcos jurídicos para criminalizar la protesta social e introducir el delito de terrorismo y otros derivados, que en la práctica puedan ser aplicados a un amplio rango de movimientos y organizaciones sociales.
La represión en nuestro país se ha venido incrementando de modo cada vez más alarmante. Los responsables de ejecutar esta política son el Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y algunos gobiernos municipales, tanto del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, así como organismos e instituciones cómplices. En mayo del año pasado, con el gobierno de Vicente Fox, en Atenco los cuerpos policíacos del Estado de México y de la PFP realizaron una salvaje represión con un saldo de dos muertos (Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortez Santiago), decenas de compañeras y compañeros encarcelados y torturados, mujeres violadas y muchas órdenes de aprehensión todavía vigentes, además de los que están bajo proceso en libertad bajo fianza. Después, en noviembre, la represión del detestado gobernador Ulises Ruiz Ortiz (URO), apoyado por el gobierno federal con las tropas de la PFP, se abatió sobre la movilización popular encabezada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Hasta el día de hoy el saldo de la represión en el estado sureño es de más de 27 muertos, un número desconocido de desaparecidos y centenas de presos políticos. En todos estos actos, siempre ha aparecido el odioso rasgo del trato particular que reciben las mujeres detenidas quienes son sometidas a violaciones e infames métodos de tortura y hostigamiento sexual.
Más recientemente, en mayo del presente año, en la misma ciudad de Oaxaca fueron arrestados y desde entonces permanecen desaparecidos dos militantes del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y a finales del mes de septiembre del presente año el compañero Francisco Paredes miembro fundador del FNCR fue desaparecido en Morelia, Michoacán.
El estado Chiapas, en las zonas donde funcionan las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, han experimentado una ofensiva brutal que combina la acción del ejército y los grupos paramilitares encaminada a desmantelar los municipios autónomos y a desarticular el tejido y la resistencia de las comunidades zapatistas. En este marco y como consecuencia de la imposición del Plan Puebla Panamá, se han dado los desalojos de bases zapatistas en Montes Azules. Mientras que en el resto del estado la acción del Gobierno estatal en contra de las organizaciones sociales se ha recrudecido y traducido en mayor represión y encarcelamiento.
La actual política represiva del panista Felipe Calderón se estrenó sacando al ejército de los cuarteles para "combatir el narcotráfico", pretexto que apenas esconde su verdadero objetivo: una peligrosa escalada de militarización para controlar y reprimir a las protestas populares y en general intimidar a la población. Los casos que prueban esto se acumulan en los estados en que los militares actúan impunemente: la violación y homicidio de Ernestina Ascensio, mujer indígena y anciana, en Zongolica, Veracruz, el asesinato de cinco miembros de una familia en Sinaloa, la violación de menores en Carácuaro, Michoacán, el caso de la violaciones multitudinarias que sufrieron las sexoservidoras de Castaños, Coahuila, y la amenaza de mayor represión que pende sobre las comunidades de la región de La Parota en su lucha contra el proyecto de la construcción de una presa en su territorio. Mientras que las reformas a la ley del ISSSTE, la reforma Fiscal, la propuesta de reforma Judicial y la posible aprobación de las “reformas estructurales” violentan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, laborales, culturales y ambientales.
Este despliegue represivo se da al mismo tiempo que las autoridades federales y legisladores del PRI y el PAN han realizado reformas de carácter represivo al Código Penal con el argumento de la lucha contra el terrorismo, homologándolo con el Patriot Act de Estados Unidos y pretenden, además, una reforma judicial que abiertamente criminalice la protesta social. Las condiciones carcelarias en las que “sobreviven” los presos políticos también se han recrudecido hasta niveles terribles como lo muestra el aislamiento, el traslado a lugares lejanos donde fueron aprehendidos, las dificultades para las visitas de abogados, familiares o cónyuges, el impedirles contar con lecturas o tratos inhumanos y humillantes, mezclándolos con narcotraficantes, asesinos, violadores o secuestradores en penales estatales y de máxima seguridad.
Los trabajadores son víctimas de la represión cuando emprenden sus movimientos por mejores condiciones de vida y defienden sus derechos, en especial el de huelga y sus contratos colectivos. Las juntas de Conciliación y Arbitraje confirman su carácter de instrumento de los patrones para declarar inexistente la huelga de mineros, reducir los salarios y mutilar el contrato de las sobrecargos de aviación y avalar el despido de miles de trabajadores por el único delito de exigir sus derechos. Frecuentemente las agresiones a los derechos laborales se realizan con la complicidad de direcciones sindicales, como se comprueba en el caso de los 700 trabajadores sancionados en el IMSS. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, los trabajadores de SICARTSA en huelga fueron agredidos en abril del año pasado por las policías federal y estatal, con un saldo de dos obreros muertos. Igualmente son sometidos a condiciones de trabajo criminales que han ocasionado tragedias como la de Pasta de Conchos, Coahuila y adicionalmente la burla al dolor de sus viudas. Las luchas de los mineros y de otros gremios son objeto actualmente de medidas que atentan contra sus justas demandas, como se comprueba también en la resistencia a medidas regresivas atentatorias contra derechos históricos de los trabajadores como la reforma al ISSSTE.
Las autoridades, desde el nefasto Peña Nieto hasta los encargados de la política interior nacional, como el actual Secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, tristemente famoso por la represión al movimiento altermundista que ordenó cuando era gobernador de Jalisco en 2003, son sordas ante una opinión pública nacional e internacional que se ha pronunciado enérgicamente contra esas medidas.
El movimiento estudiantil históricamente ha sido reprimido por el estado, como ejemplos más emblemáticos tenemos los casos de 1968 y 1971 que siguen impunes, la represión a la huelga de la UNAM en 1999 y la represión al IPN en 2006 y 2007.
Además del alarmante número de periodistas asesinados, destaca también el hecho de que la represión incluye ahora a defensores de derechos humanos como, entre otros casos, lo muestra el reciente asesinato de Ricardo Murillo Monge en Sinaloa.
Cada vez somos más quienes estamos conscientes de que sólo con la organización de un gran movimiento nacional que incluya a todos los que nos oponemos a esta política será posible poner un alto a la represión de Felipe Calderón, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Como en otros momentos históricos, en especial en los años setentas cuando la lucha de las fuerzas democráticas e independientes contra la “guerra sucia” de esos años cristalizó en el surgimiento del Frente Nacional contra la Represión, en la actualidad, de nuevo, se hace urgente la organización de todos aquellos que nos oponemos a la persecución y a un nuevo baño de sangre por parte de los aparatos represivos del Estado. En el FNCR no existe ningún compromiso con ningún partido u órgano de gobierno por lo que lucha en contra de cualquier represión ejecutada por cualquiera de ellos.
Es por ello que hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales, políticas, sindicales, civiles, a las redes y organismos de derechos humanos y a las y los ciudadanos de México y el mundo, para construir un FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, de carácter amplio e incluyente, abierto a todos los comprometidos con esta causa sin restricción alguna, que se proponga luchar por:
Ø LA LIBERTAD DE TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
Ø LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODAS Y TODOS LOS DESAPARECIDOS
Ø CANCELAR LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y LA PERSECUCIÓN DE LAS Y LOS LUCHADORES SOCIALES
Ø ABOLIR LA TORTURA, LAS AGRESIONES SEXUALES Y VIOLACIONES DE MUJERES DETENIDAS.
Ø DETENER LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA DE LAS Y LOS MIGRANTES TANTO EN MÈXICO, EN ESTADOS UNIDOS y AMÉRICA LATINA. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES, SINDICALES Y HUMANOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS.
Ø FRENAR LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS
Ø PONER UN ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
Ø CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA REPRESIÓN Y LOS CRÍMENES CONTRA EL PUEBLO (VICENTE FOX, FELIPE CALDERON, LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ, CARLOS ABASCAL, FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA, EDUARDO MEDINA MORA, WILFRIDO ROBLEDO, ARDELIO VARGAS, ENRIQUE PEÑA NIETO, ULISES RUÍZ, CARDENAS BATEL, ZEFERINO TORRE BLANCA, JUAN SABINES, MARCELO EBRARD, MANUEL MRENO RIVA, ARISTEO LÓPEZ MARTÍNEZ, LIZBETH CAÑA CABEZA, MANUEL VERA SALINAS, LINO CELAYA LURIA, SERGIO SEGRESTE, JORGE FRANCO VARGAS, ELIODORO DÍAZ EZCARRAGA, ALEJANDRO BARRITA, DANIEL CAMERENA, NAZARIO GUTIERREZ, ENTRE OTROS).
A todas y todos les proponemos emprender juntos una campaña nacional e internacional de denuncia y movilización, amplia, diversa y creativa alrededor de los ejes anteriores, con el objeto de visibilizar el problema e incorporar a esta lucha a los sectores más amplios de la población.
Desde el 28 de agosto pasado, aniversario 29 de la histórica huelga de hambre de las madres de los desaparecidos, hemos trabajado unitariamente para llegar a constituir formalmente este 2 de octubre el Frente Nacional Contra la Represión. Es un primer paso que damos para reproducir en todo el país Comités Estatales de este Frente, respetando las formas propias de organización en cada entidad para luchar por estas demandas, al mismo tiempo que iniciamos de inmediato la lucha y movilización contra la represión y defensa de los derechos humanos actualmente en riesgo por las políticas impuestas desde el poder. Llamamos a la unidad frentista a todos y todas las personas y organizaciones comprometidas con estos objetivos.
2 comentarios:
Lázaro Cárdenas Batel RATA DE DOS PATAS
RATA DE DOS PATAS
DEVUELVE A MICHOACAN LO QUE TE HAS ROBADO
Lázaro Cárdenas Batel
Saqueó Michoacán por más de tres mil millones de pesos
El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel,
saquea las arcas de la entidad al otorgar contratos fantasmas
a la constructora Consorcio Industrial, empresa propiedad
de Félix Cantú Aguilar que defrauda al fisco, opera
ilegalmente y tiene suspensión de actividades.
Por cada contrato, Cárdenas Batel recibe una jugosa
comisión del 85 por ciento, a través de una ingeniosa
triangulación bancaria en la que la empresa se queda con
el 15 por ciento restante del dinero sin realizar ninguna
obra.
Lo saqueado hasta el momento por el mandatario
michoacano a la entidad que gobierna es de casi tres mil
millones de pesos, cifra que desvió de recursos destinados
a educación, seguridad y desarrollo social.
Parte del fraude y atraco a las arcas del gobierno de
Michoacán consiste en pagar millonarias sumas a la
constructora Consorcio Industrial por supuestas obras
que realiza y que en realidad son hechas por el gobierno
Federal, es decir la compañía de Cantú Aguilar las hace
suyas sin meter las manos.
De esta manera, Lázaro Cárdenas Batel, a quien le que quedan
escasos días como mandatario estatal, hace efectivo
aquello del “año de Hidalgo”, convierte al presupuesto
michoacano en su “caja chica” y se retira del cargo con
muchos millones de pesos, resultado de los ilícitos negocios
con la mencionada constructora.
La empresa constructora, propiedad de Félix Cantú
Aguilar, tiene en sus fraudulentas operaciones como
“cerebro” a su contador público Raúl Rosas Morales,
quien a su vez es protegido por los funcionarios de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Juan Hernández
y Víctor Manuel Reyes, quienes “tapan” las evasiones fiscales.
Por estos dos funcionarios y Rosas Morales es que
Consorcio Industrial, que agrupa a 20 empresas, sigue
operando, no obstante tener problemas legales por evadir
al fisco y la suspensión de actividades presentada ante la SHCP.
Por su carácter al margen de la ley, la totalidad de los
contratos que consiguen los “venden” a otras compañías.
A pesar de su carácter ilegal, la empresa propiedad de
Cantú Aguilar sigue operando y prueba de ello son los
contratos que de manera ilícita le otorgó el gobernador de
Michoacán –unomásuno tiene pruebas en su poder—,
quien a cambio se benefició con varios millones de pesos Sin embargo,
Consorcio Internacional no paga el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por consiguiente el
Impuesto a la Renta, lo que constituye un grave delito
en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y del gobierno Federal mismo.
En otra negociación ilegal, el gobierno del
Distrito Federal le otorgó a la empresa una serie de
contratos para obras, tras ganar un concurso,
según trascendió. Lo insólito de todo esto, al igual
que como ocurrió en Michoacán, es que Consorcio
Industrial no tiene maquinaria para realizar los
trabajos.
Lo mismo ocurrió con la paraestatal Petróleos
Mexicanos que le concedió contratos por 2 millones de
dólares y 21 millones de pesos.
TRIANGULAN Y “LAVAN” DINERO
Para que el gobernador de Michoacán, Lázaro
Cárdenas Batel y la empresa de Félix Cantú Aguilar
reciban las millonarias sumas saqueadas a las arcas
del gobierno michoacano, utilizan
una ingeniosa triangulación
en la que el dinero es “lavado”
o “blanqueado”.
La triangulación consiste en
que el dinero propiedad del
gobierno del estado que se paga al Consorcio industrial
por las supuestas obras, es depositado en
Interacciones que a su vez las devuelve a las cuentas
personales del mandatario, del propietario de la compañía
y al gobierno local.
Se sabe que incluso hay cuentas en el extranjero y
que algunas de ellas están firmadas por familiares,
como Gabriel Cárdenas Cornish, primo hermano del
mandatario.
AMISTAD CARDENAS-CANTU
La relación entre el gobernador de Michoacán,
Lázaro Cárdenas Batel y el propietario de Consorcio
Internacional, Félix Cantú Aguilar, data desde la juventud
de sus padres, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y
Félix Cantú Ayala.
Al respecto, cabe destacar que Cantú Ayala tiene
cuentas pendientes con la justicia por burlar al fisco y
actualmente está prófugo, según se sabe.
Es precisamente por la amistad de sus padres que
Cárdenas Batel en complicidad con Cantú Aguilar
idean el desfalco al gobierno del estado de
Michoacán.
La empresa Consorcio Industrial S.A. de C.V. formaliza
con el estado de Michoacán sus contratos el 4 de
junio de 2004.
Sobre el aviso de suspensión de operaciones, esta
sucede el 19 de junio de 2006.
CARDENAS DEBE SER INVESTIGADO
Sobre el desfalco a las arcas del gobierno de
Michoacán, gente que conoce el asunto demanda que
se investigue a Lázaro Cárdenas Batel por el presunto
ilícito antes mencionado.
Señalan que el todavía gobernador hizo efectivo el
“Año de Hidalgo” al apoderarse de esta manera de
varios millones de pesos que eran para educación,
seguridad y desarrollo social.
Piden que el gobernador electo, al homosexual de Leonel Godoy inicie su
Gestión con una auditoria para que, de haber responsabilidades,
se haga justicia.
Hola...
me parece muy interesante la opinion que has marcado en tu blog..
te dejare mi correo..
g_catblack@hotmail.com
Gracias..
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